El pasado 19 de diciembre, el gobierno municipal del Carballiño, formado por el bipartito de Partido Popular y PSOE, aprobó con los votos de sus 11 concejales una subida del 2,3% en la tasa del agua. Este incremento, que se ha calculado basándose en la evolución estatal del IPC, ha sido calificado como ilegal por parte de la oposición, ya que no se sustenta en los costes reales del servicio de gestión de aguas.
Diversas normativas establecen que cualquier modificación en la tasa debe estar respaldada por un estudio económico, algo que, según informes técnicos, no se ha realizado. Este punto, ya había sido debatido en anteriores plenos municipales sin resolverse adecuadamente.
La postura del PP resulta especialmente controvertida. Hace tres años, cuando estaba en la oposición, amenazó con llevar esta medida a los tribunales. Ahora, sin embargo, respalda la propuesta del alcalde socialista Francisco Fumega.
Desde el grupo de Espazo Común se ha manifestado un profundo rechazo a esta decisión de subir la tasa del agua usando como referencia el IPC, que consideran fruto de la irresponsabilidad del equipo de gobierno. Además, han anunciado la presentación de un recurso de reposición que será llevado al próximo pleno.
De mantenerse el acuerdo, advierten que llevarán el caso a los tribunales, en defensa de la legalidad y de los derechos de los vecinos.
