
El Movemento Ecoloxista da Limia (MEL) ha emitido un contundente comunicado en el que denuncia la pasividad de la Xunta de Galicia ante la grave situación ambiental que afecta a la comarca de A Limia, especialmente en lo relativo a la contaminación del agua por nitratos y pesticidas.
Según recuerda el colectivo, hace tres años el Ministerio de Medio Ambiente declaró oficialmente como afectadas las aguas del embalse das Conchas y los acuíferos subterráneos de la Chaira da Limia, tras constatar procesos de eutrofización y contaminación. Esta declaración obligaba a la Xunta a declarar la zona como vulnerable en un plazo máximo de tres años, algo que no solo no se ha hecho, sino que el actual gobierno gallego niega ahora la existencia del problema.
MEL subraya que ya en 2019, en el marco de la Mesa da Limia, la propia Xunta reconoció la gravedad de la situación provocada por la ganadería industrial y las malas prácticas agrícolas, presentando entonces un Plan Estratégico con medidas como la reducción de la carga ganadera, la construcción de plantas de tratamiento de purines, la formación de agricultores en buenas prácticas y el impulso a productos agroalimentarios de calidad.
Cinco años después, ninguna de estas medidas ha sido implementada. Lejos de avanzar, la Xunta —junto a alcaldes, sindicatos y fuerzas tradicionalmente defensoras del territorio— ha optado por un discurso populista y negacionista, que según MEL fomenta la confrontación y agita al sector agrogandeiro contra cualquier medida ambiental.
Desde el movimiento ecologista advierten que el verdadero peligro no es declarar A Limia como zona vulnerable, sino permitir que la población siga consumiendo agua contaminada sin control, mientras los purines son esparcidos en el medio natural sin regulación ni supervisión alguna.
Además, alertan de que el incumplimiento de la Directiva europea de Nitratos y la normativa de calidad del agua podría conllevar sanciones económicas que recaerán sobre toda la ciudadanía, por la irresponsabilidad de unos pocos.
Por todo ello, MEL exige al Gobierno gallego responsabilidad, medidas concretas y el fin del negacionismo, en defensa de la salud pública, del agua y del futuro de A Limia.