Desde el grupo municipal socialista de Ourense se denunciado que el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome pretende «privatizar la Administración pública» de manera que ni siquiera se garanticen los derechos laborales de los empleados. Esta acusación surge tras conocer la propuesta para la mesa de negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la modificación de la OPE extraordinaria de estabilización.
La edil socialista María Fernández Ojea ha señalado que, a pesar de que la legislación estatal y las directivas europeas buscan proteger y mejorar la función pública, el Ayuntamiento de Ourense no corrige los errores en estos ámbitos. Desde 2008, los empleados han perdido poder adquisitivo y la normativa vigente pretende estabilizar y mejorar su situación, algo que por lo que parece no se está llevando a cabo en el municipio.
Además, los socialistas denuncian la eliminación de puestos esenciales, como jefaturas de servicio, y la falta de una estructura funcional adecuada, lo que afecta la calidad de los servicios públicos. También critican la falta de pago de salarios atrasados a algunos empleados municipales.
