La Comisión de Infraestructuras y PXOM de la CEO mantuvo esta mañana una reunión de trabajo con la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, con el fin de repasar el estado en que se encuentran las actuaciones viarias en la provincia, así como la situación del transporte. A la reunión asistieron también el delegado de la Xunta, Gabriel Alén, el presidente del Inorde, Rosendo Fernández, y la concejala de Urbanismo del Concello, Sonia Ogando.
Por la parte empresarial, además de la presidenta de la CEO, Marisol Novoa y el de la propia comisión, Alejandro Cruz, estuvieron representantes de distintos sectores y territorios, como Araceli Fernández por Valdeorras, o Lisardo González por Vilamarín y la Plataforma A-56, Santiago Ferreiro, presidente de los constructores o la secretaria general de Apetamcor, Elisa Otero.
En cuanto a la situación que atraviesa el transporte, la conselleira avanzó que la Xunta impulsará mesas de diálogo permanente entre transportistas, distribuidores y cargadores para facilitar el funcionamiento armónico y transparente de la cadena logística en Galicia, iniciativa que recordó Vázquez, debería hacerse extensiva al resto de España.
Los asistentes a la reunión solicitaron de la conselleira el relato de avances en infraestructuras pendientes, algunas de las cuales, según Ethel Vázquez, dependen en gran medida del gobierno central ya que el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible exige unos criterios de planificación de rentabilidad positiva y de cofinanciación de servicios estatales que elimina las inversiones fuera de las ciudades, al igual que el criterio impuesto por el gobierno de España para los fondos Next Generation de no destinar a entornos rurales proyectos de mejora de la movilidad y la conectividad, lo que calificó como un ‘lastre para las comunidades’.
La Comisión de Infraestructuras y PXOM acordó plantear alegaciones a este anteproyecto de Ley, cuyo plazo está abierto hasta mediados de abril, y hacerlo de forma conjunta con los representantes del tejido productivo de la provincia de Lugo, pues impone criterios de rentabilidad económica y financiera para el desarrollo de infraestructuras en el rural por lo que consideran que es una ley que dificultará el desarrollo de entornos rurales.
En este sentido, los integrantes de la comisión recordaron que éste es el momento de impulsar vías como la A56 -que definieron como la equivalente a la AP9 para el interior- al menos en el trayecto más rentable en estos momentos, como sería Chantada-Ourense un tramo polivalente para la futura A76 y el Eixo Ribeiro (conexión natural de la provincia de Lugo con las Rías Baixas), y para el tercer vial de Carballiño a San Martiño. Igualmente, contemplaron que en el tramo Chantada-Guntín se establezca un tercer carril mientras no se hace la autovía, para evitar el desvío de tráfico por Monforte – Sarria y el de Lugo hacia las Rías Baixas que va por Santiago. La conselleira aseguró que esta vía está incorporada en las peticiones que se han hecho en la reunión con la ministra del ramo en enero pasado.
Ethel Vázquez adelantó que su departamento está realizando la conexión segunda de San Cibrao das Viñas, fundamental para el sector del transporte y que está solicitada con fondos europeos. Igualmente pidió una concreción en plano y solicitud formal con respecto a la petición del área industrial de Carballiño del enlace con la futura A56, y detalló a los presentes que la inversión de la consellería en la reforma de la carretera de Celanova hasta la frontera portuguesa supondrá una inversión de 14 millones de euros con la actualización de precios, pero recordó que la autovía transfronteriza solicitada en esta zona corresponde a los gobiernos luso y español, que deben impulsarla como proyecto internacional y que, con los criterios establecidos para los fondos Next Generation, no es posible realizar con estas partidas.
Plan Xeral de Ordenación Municipal
La concejala de Urbanismo, Sonia Ogando, explicó ante los asistentes el motivo del retraso del PXOM de la ciudad, producido por las modificaciones que en 2019 se hicieron y que no se plasmaron hasta 2021. En aquel momento estaba aprobado provisionalmente y, según afirmó Ogando, por cautela y para dotarlo de seguridad jurídica han solicitado informes al jefe de licencias y planeamiento e informe de tercero. Por lo tanto, aseguró que continúa la tramitación por parte del equipo redactor y que una vez terminen de plasmar las modificaciones este documento seguirá su curso. Por su parte, el representante de los constructores quiso expresar su duda de que estuviese terminado para esta legislatura tal y como avanzaban esos informes.
