El gobierno municipal activa los mecanismos para modificar el esquema de asistencia social a los funcionarios del Ayuntamiento de Ourense. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que entiende que las ayudas a los trabajadores municipales son «abusivas e ilegales«, y constituyen una «injusticia» que hay que «erradicar«. Su concesión es un acto reglado, porque están recogidas en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados municipales, aprobado en 2012, que es de obligado cumplimiento. Sin embargo, el gobierno municipal tomará las medidas necesarias para eliminarlas.
El alcalde recuerda que siempre se ha opuesto a estas ayudas, pero indica que no fue posible suprimirlas durante el actual mandato porque el anterior socio de gobierno, el Partido Popular, no estaba de acuerdo. Ahora que gobierna solo, activará los mecanismos para eliminarlas.
El gobierno municipal ha estado trabajando en este tema durante semanas. En primer lugar, el alcalde consultó a los servicios jurídicos municipales y entienden que el Gobierno del Concello no puede suprimir unilateralmente las ayudas ya que está recogida en el convenio regulador. No obstante, el alcalde, que considera que hay cláusulas del convenio que son «ilegales«, dirigirá una consulta oficial al Consello Consultivo de Galicia.
Pérez Jácome entiende que “hay que intentar acabar con lo que creemos que es una injusticia”. Entiende que el convenio regulador «está lleno de prebendas para gran parte de la función pública«, que deberían ser «erradicadas«. No obstante, asegura que “no depende exclusivamente de nosotros” ya que, de ser así, “habría estado terminado desde el primer año. Esperemos que el Consello Consultivo de Galicia nos dé la razón«.
Gonzalo Jácome sostiene que «no tiene sentido dar ayudas sociales a un colectivo que está bastante bien protegido del temporal económico que estamos viviendo en España«, y que las ayudas sociales deberían ir dirigidas a la población que está «más desprotegida«.
Así, siguiendo las recomendaciones de los abogados municipales, realizará esta consulta, que el Consello Consultivo deberá resolver en el plazo de 3 meses: “En esta primera fase estamos confiando en los abogados que nos dicen, aunque si encontramos otro forma de ataque, obviamente la usaríamos«.
Pérez Jácome recuerda que el convenio regulador «fue aprobado en 2012 por el alcalde que entonces gobernaba«, y que la propuesta de supresión de las ayudas ya ha sido planteada a debate político en varias ocasiones en el Pleno del Ayuntamiento, «y sólo Democracia Orensana quería acabar con ellas. Todas las partes siempre se han negado a poner fin a estos beneficios”. Afirma que durante el periodo de gobierno en coalición con el Partido Popular, “siempre fueron diametralmente opuestos a cualquier movimiento que quisiéramos hacer en este sentido. Ahora, una vez que los expulsamos del grupo de gobierno, ahí es cuando pusimos en marcha los mecanismos para hacer esa pregunta y eliminarla ya, porque al ser injusto se tenía que hacerlo de todas, todas”.
