El gobierno municipal de Ourense, encabezado por Pérez Jácome ha querido salir al paso de la «infundada alarma mediática» generada por los grupos de la oposición tras la elección «fortuita» de la persona que encarnó al rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes 2023.
Tras la cabalgata se realizó presentación de una queja por parte del grupo socialista frente a la Valedora do Pobo, fundada en la «suposta» necesidad de estar en posesión de un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales para poder participar en la Cabalgata.
Desde el Concello se remitió un informe al alto comisionado en la que se interpretaba que el Artículo 57 de dicha ley, señalando que dicho artículo «resalta reiteradamente o concepto de habitualidade do contacto»
Una habitualidad que desde el concello no se da, al ser la cabalgata un evento que se realiza únicamente una vez al año y en que no existe contacto con los menores, salvo con «algúns nenos ao final do recorrido»; desde el Concello señalan además, que se hace en presencia de «pais ou gardadores do menor… no marco dun acto público e masivo».
Con respecto a la sugerencia de la Valedora de que se pida dicho certificado, desde el Concello señalan que se trata de una «suxestión» de un «cargo de designación política» y que sus funciones son meramente de «advertencia, recomendación e suxerencia» no teniendo por lo tanto carácter vinculante. Una sugerencia que argumentan «recolle expresamente na súa motivación a relevancia do concepto de hatibualidade en varios puntos» para acto seguido, sugerir que se pida en todo caso el certificado.
Un hecho que revela una interpretación literal y aislada del artículo 57, lo que en opinión del grupo municipal de gobierno, daría lugar a «situacións absurdas» al pedir dicho certificado por ejemplo, a cualquier trabajador que por ejemplo «participe na creación de contidos dixitais destinados principalmente a menores…. cando o contacto con menores directamente non se pode producir»
Desde el Concello señalan que a pesar del máximo respeto que se tiene de la ley 8/2021, se trata de una norma restrictiva de derechos individuales y que por lo tanto según se recoge en doctrina y jurisprudencia consolidadas, no puede ser interpretada de forma «expansiva, senón limitada aos seus estritos termos»
