Movilizaciones en la Seguridad Social. El secretario de Estado, Borja Suárez, incumple el acuerdo que firmó

Instituto Nacional de la Seguridad Social
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El pasado 17 de julio, los representantes del personal de las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (CSIF, CCOO, CIG y ELA) asistieron a una reunión de la Mesa Delegada de la Seguridad Social, convocada por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Ni la subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Navarro Enterría, ni el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, se presentaron.

La delegación de la presidencia de la Mesa Delegada a Borja Suárez mediante una Resolución del 5 de julio fue clara. Sin embargo, la ausencia de Suárez en la reunión ha sido vista como un obstáculo significativo en el avance de temas cruciales. Cabe recordar que Suárez firmó el 16 de mayo de 2023 un acuerdo que establecía las bases para un plan estratégico de recursos humanos en la Administración de la Seguridad Social. Este acuerdo abordaba cuestiones fundamentales como la Agencia, la provisión de puestos, el trabajo no presencial, las productividades, la formación, la estabilidad en el empleo, la oferta de empleo público y la promoción interna.

Más de un año después de este acuerdo, los avances son escasos y las negociaciones prácticamente inexistentes. Las reuniones han mostrado un mínimo esfuerzo negociador, mientras que las plantillas soportan cargas de trabajo inmensas, afectando la calidad del servicio que la Seguridad Social debe prestar a la ciudadanía. Durante este tiempo, el secretario de Estado ha evitado comprometerse con la representación del personal.

Ante esta situación, CSIF, CCOO, CIG y ELA han anunciado movilizaciones en todo el territorio nacional. Estas medidas incluyen concentraciones en los centros de trabajo, paros parciales y huelgas, con el objetivo de reactivar la inactividad del secretario de Estado. El propósito último de estas acciones es garantizar el cumplimiento del acuerdo firmado y fortalecer la Seguridad Social para que pueda ofrecer el servicio que la ciudadanía merece.

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